La ley de radio y televisión, sin poder al pueblo

Por: Javier Vite

LEY

El periodismo desde la aparición de los medios electrónicos dio un giro inmenso, si antes era considerado un poder que movía a ciertas masas a pesar de las dificultades para su penetración en todos los ámbitos, la llegada de la radio y la televisión revolucionaron al grado de tener que entrar en una regulación.

Primero porque el estado requería de ese espacio de comunicación masiva para difundir sus acciones y otra ante la necesidad de crear una unión de todos, claro que con el tiempo, mucho se ha tergiversado, no solo en el aspecto informativo, si no al grado de lograr el impacto adecuado para el “beneficio” colectivo.

En México la Ley federal de Radio y Televisión cuyas reformas han sido criticadas desde los organismos públicos del país, e incluso de organizaciones internacionales ha llevado a varias discusiones, que no logran al final de cuentas garantizar la regulación del servicio y mucho menos beneficiar a quienes tienen esa intención.

TRANSICIÓN

Por ejemplo, las modificaciones promulgadas por el presidente Vicente Fox restringen y limitan la libertad de expresión según lo que en su momento destaco un Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, llamado Amerigo Incalcaterra, ya que no otorgan de manera publica una licitación para dar certeza de un buen uso del espectro que por decreto de la constitución tenemos derecho como mexicanos.

Pues además si analizamos cada uno de sus artículos y comparamos con la normatividad internacional se limita la posibilidad de participar de todos los sectores de la sociedad y al final de cuentas solo acceden a todo esto, aquellos quienes ostentan un gran poder económico, dejado de lado a las comunidades y pueblos indígenas del país.

Dijo que para modificar las leyes no se tomó en cuenta la normatividad internacional, con lo cual “se limitaría la posibilidad de participar a amplios sectores de la sociedad mexicana, como el caso de las comunidades y pueblos indígenas”.

ANTENA

Algo que no se puede dejar de lado y que nos afectara o beneficiara – depende del cristal con que se mire – será aquella que establece las nuevas nuevas normas para la transmisión digital, lo que vendrá a dejar en calidad de monumento histórico aquellos receptores analógicos a pesar de que se sabe los grandes alcances que tiene este tipo de señal, pero la tecnología nos alcanza y rebasa.

Los críticos a la ley han dicho que las reformas deberían haber alentado la competencia en el mercado dominado por Televisa y TV Azteca, la segunda cadena televisiva, pues Televisa controla cuatro de las seis cadenas nacionales del país, la principal compañía de cable y el único proveedor de televisión por satélite. Asimismo, es la que tiene mayores ganancias por anuncios publicitarios. Mientras que la del Ajusco se ha incorporado en el negocio de la telefonía y el internet.

FRECUENCIAS

En la televisión la concentración es aún mayor. El Grupo Televisa opera 306 estaciones, 50 por ciento del total, mientras que TV Azteca cuenta con 180 estaciones, 30 por ciento del total. Si consideramos sólo las emisoras concesionadas a inversionistas privados, el 87 por ciento de las estaciones de televisión están en manos de las dos cadenas mencionadas, situación impensable en otros países de economía de mercado como los Estados Unidos de Norteamérica.

Es dentro de este esquema mercantil que los medios electrónicos nacionales se han desarrollado y alcanzado su mayor dinámica de expansión e influencia sobre la cultura nacional.

Pero no podemos omitir la realidad entre la radio y televisión comercial-privada, a la pública, la cual apareció de manera muy tardía, a finales de los años sesenta. Su lenta incorporación al panorama cultural de la nación, provocó que ésta emergiera y madurara con una personalidad social poco definida, con menor experiencia audiovisual, reducido apoyo económico, bajo nivel de credibilidad en el auditorio, proyecto cultural confuso, mayores presiones burocráticas, menor cobertura geográfica de influencia, grandes contradicciones en sus líneas de dirección, etc., a pesar de que la ley federal de Radio y Televisión brinda las facilidades para su operación y financiamiento, pero ante el desconocimiento de esta, es que no permiten que pueda avanzar, siendo la única manera en donde incluso hasta universidades puede explotar el espectro radial del país.

MONOPOLIOSobra decir que los medios públicos se encuentran muy abandonados por las políticas gubernamentales y los que han llegado a una condición más privilegiada, no han alcanzado la naturaleza de medios de Estado, de servicio público; sino que se han convertido en canales de gobierno que defienden propagandísticamente los intereses de los funcionarios en turno o de los grupos de poder a los que pertenecen, en Quintana Roo es una clara muestra de lo que sucede entre el Sistema Quintanarroense de comunicación social y Radio Cultural Ayuntamiento (Cancún Radio).

La política permisiva que ha practicado el Estado mexicano durante más de 5 décadas para que los medios electrónicos aprovechen el espacio aéreo con fines comerciales, ha descuidado la noción de servicio público y la responsabilidad social de los canales para con la población, que debieran garantizar a cambio de la explotación de un bien público nacional, limitado y que pertenece a todos los mexicanos y donde no siempre se les brinda el espacio.

Estas nociones de servicio público y de responsabilidad social de los medios electrónicos son inherentes a la institucionalidad propia de las democracias avanzadas y un aspecto esencial para la transición a la democracia y una mayor institucionalidad del Estado mexicano.

CONGRESO

Y es aquí donde la ley tiene sus lagunas y no permite que los medios se democraticen al grado de permitir que se brinde una programación que otorgue vía libre a la expresión y a la pluralidad. Pues es conocido por todos que los medios electrónicos se han transformado en un factor fundamental de la cohesión social y son un vehículo privilegiado para la transmisión y difusión de contenidos que permitan a la población mejorar sus niveles de vida, aprovechar los servicios sociales disponibles, enriquecer sus conocimientos en materia de salud, educación y alimentación, prevenir los crecientes problemas de adicciones, embarazo temprano, violencia doméstica y social, entre otros.

La amplia penetración de los medios de comunicación electrónica los ha convertido en los canales a través de los cuales se construye opinión pública, se desarrollan y destruyen figuras políticas y culturales, se denuncia, se juzga, se protege, se informa y desinforma, se enajena, se construyen y destruyen valores, se promueven estereotipos, se convence e induce al consumo. Los ciudadanos receptores de la programación han tenido pocos medios de defensa y protección ante las formas y contenidos de las transmisiones radiofónicas y televisivas. Son audiencias pasivas, sin participación ni opinión, sin defensa ni medios de reclamo y compensación.

Sin embargo, actualmente, los límites a la responsabilidad y libertad de la información son fijados actualmente por los concesionarios, que definen qué se transmite, qué no y cuándo, en realidad con muy pocas limitaciones legales.

No obstante la Constitución Mexicana y el actual marco normativo sobre comunicación social, autoriza que el Estado concesione el uso del espacio aéreo a los medios de difusión electrónicos para que éstos lo aprovechen con fines comerciales, dentro del contenido de la actual Ley Federal de Radio y Televisión no se consideran ni la participación social, ni el ejercicio de los derechos ciudadanos de los mexicanos, que son demandas planteadas por la sociedad desde hace más de 4 décadas.

La promulgación de la actual Ley Federal de Radio y Televisión, vigente desde el 8 de enero de 1960, estableció las normas para una industria radiofónica que contaba en ese momento con 40 años de desarrollo y consolidación y a una televisión con un poco más de 10 años de exitosa carrera. Dicha Ley se convirtió en el eje sobre el que se han marcado, en los últimos 50 años, las pautas generales de la actividad de los medios de mayor impacto hoy en día, la radio y la televisión abierta. Sin embargo, la realidad que pretende normar en pleno siglo XXI es absolutamente distinta al del momento en que fue promulgada.

FAMILIATVYRADIOPor ello, ahora es más necesario que antes realizar una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, de manera que el aprovechamiento de un bien público nacional y limitado como el espectro radioeléctrico, no privilegie sólo el beneficio económico sino el beneficio social de la población. Al igual que el suelo, el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la Nación, de todos los mexicanos. Las actividades de la radio y la televisión son además de servicio público, y deben por lo tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del medio ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.

Desde este espacio considero que es urgente que el Congreso de la Unión reforme la actual Ley Federal de Radio y Televisión con un profundo sentido ciudadano, pues el Estado y el Poder Legislativo están en seria deuda histórica con la sociedad desde hace más más de medio siglo. Dicha reforma en sentido ciudadano debe otorgar certeza jurídica al ejercicio de los derechos ciudadanos como la libertad de expresión, el derecho a la información y un verdadero derecho de réplica, misma que sólo podrá garantizarse mediante la constitución de un órgano regulador, que vigile el respeto de estos derechos, realice las labores de arbitraje y asegure que tanto los medios, como el Estado cumplan con su responsabilidad ante la sociedad.

Donde se garantice el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica como derechos ciudadanos básicos, donde también se pueda posibilitar una constitución de una autoridad autónoma, que otorgue seguridad y certeza jurídica a los concesionarios, posibilite la independencia efectiva del Ejecutivo y brinde a los ciudadanos confianza y transparencia en el cumplimiento adecuado de la Ley, así como que brinde la transparencia y la seguridad jurídica en el otorgamiento, la supervisión y el refrendo de las concesiones y claro que se flexibilice el otorgamiento de permisos y funcionamiento a emisoras de carácter no lucrativo, pero donde también se vigile y se normen los criterios de programación.

Considero que también se debe estimular la producción nacional independiente, a través de la creación de un Fondo Público, proteger al público televidente, en especial a los niños y adolescentes, y reducir la transmisión de programas con alto contenido de violencia y logar una regulación adecuada de los comerciales que se transmiten.

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