La Ley de imprenta, un código que ¿infunde temor o risa?

LIBERTAD DE PRENSA

Por: Javier Vite

El año de 1917 representa para los mexicanos la edificación de una estructura que nos reconoce como un país autónomo, sin un régimen impuesto, pero sobre todo que busca dar las garantías a todo aquel que nace con los colores de una bandera tricolor que representa la lucha por la libertad, la sangre derramada en busca de ideales sólidos y sobre todo la riqueza de un territorio que cuenta con un sinfín de lugares aun por descubrir y maravillarse.

Y es justo ese año que se realiza la última reforma desde su creación a la Ley de Imprenta, este código que brinda a los que nos dedicamos a la tarea de informar, investigar y difundir los hechos, la oportunidad de expresarse sin temor a ser lesionado, callado o en su caso asesinado.

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Desafortunadamente hoy en día a casi un siglo de su reforma, esta ordenanza no se actualiza, ni reforma y mucho menos se acata, pues al parecer quedo suspendida en el limbo ante el miedo a legislar en la materia, pues esto podría ser la tumba política de algún legislador con aspiraciones personales y no de una comunidad, pero sobre todo ante el monopolio de aquellos “grandes” empresarios de la comunicación, que hoy a las nuevas generaciones solo imponen una imagen de la labor del periodista como aquel que con el chaleco puesto, un micrófono, una grabadora, una libreta y un lápiz, puede deshacer la vida personal de un sujeto o hasta ser “intocable” a la autoridad para alguna sanción y mas allá, ser el instrumento para difundir lo que al poder conviene o incluso convertirse en el objeto de venganza por haber destapado en el acto a un funcionario, servidor público o gobernante.

Abandonada en los desvanes del sistema judicial, desconocida por los editores de diarios y revistas, desatendida por casi todos, la Ley de Imprenta obedece a las discordias políticas y a la debilidad de la sociedad cuando ya se cumplen casi 100 años de su publicación y donde nadie se ha atrevido a sacar una propuesta, pues aunque se conozca por aquellos dominantes de la información, son incapaces de hacerlo porque también podría perder el tan codiciado “poder”, pero algo debe quedar claro… SIGUE VIGENTE.

DERECHO A RÉPLICA

Un punto que se queda a la deriva es: el derecho de réplica, que basta decir, que quien la conoce no la ejercer a plenitud o simplemente la ignora y lo plantea a su criterio, mientras quien la desconoce simplemente la menciona sin darse cuenta del gran poder que tiene, pues es el principal vinculo de la sociedad con la prensa, ya que establece que: La rectificación que haga el aludido en un periódico tiene que publicarse al día siguiente de que se ha recibido y “en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades” con que se hizo el texto cuya corrección se pretende. Esa disposición prácticamente nunca se cumple y de manera expresa señala que quien la incumpla puede ser castigado con prisión de hasta dos años y multa que puede llegar a mil pesos (hay que recordar que las sanciones pecuniarias, como el resto de la Ley, corresponden a parámetros de hace casi 100 años).

El segmento más relevante de esa Ley, sin embargo, se dedica a tipificar tres clases de delitos. En primer lugar, se encuentran los ataques a la vida privada, entendidos, entre otras cosas, como “Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales, en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo (hoy podríamos incluir el internet y las redes sociales), exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses”.

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En segundo lugar, están los ataques a la moral. Esos son aquellas manifestaciones que, por los medios anteriormente descritos, “defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores”. También son ataques a la moral las expresiones con las que “se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos”, cosa que hoy vemos hasta con fotografías en los principales diarios del estado – y no soy moralista – pero recuerdo que en la escuela me pedían leer al menos tres periódicos para practicar mi lectura y conocer el acontecer de mi ciudad, el país y el mundo, pero ahora imagínense que sucede con los niños de hoy, que no solo a través de la televisión, el cine, las revistas, el internet o el periódico, están expuestos a tantas cosas, que bien podría ganar una demanda millonaria. Aunque suene ridículo, esta ley establece que los ataques a la moral son castigados con arresto de hasta seis meses y multa que puede llegar – insisto de hace casi 100 años – a los 500 pesos

Las costumbres pueden ser buenas o no, decentes o indecorosas, según la sensatez de quien las evalúe. La Ley de Imprenta no ayuda nada cuando establece cuáles son los actos considerados como impúdicos: “todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor”, pero le podríamos preguntar a la iglesia, o al pastor, a la vecina o a nuestra madre.

Tras la máscaraDesde el 2000, con la llega de Vicente Fox a los pinos los medios de comunicación colocan la imagen del presidente como parte de un chiste, aunque claro, es parte de la picardía del mexicano, pero tan desactualizada esta ley que establece: si las injurias son contra el Congreso, la Suprema Corte, el Ejército o la Armada, la prisión mínima será de 3 meses y la máxima de dos años. Si el ofendido es el Presidente de la República, la pena es de hasta un año y medio pero además hay una multa de cien a mil pesos. Si se insulta a un secretario de Estado, al Procurador General o a un gobernador, el arresto es de hasta un año y la multa de 50 a 500 pesos”, se imaginan cómo estarían las cárceles hoy en día, sobre todo cuando tenemos a un presidente salido de una telenovela.

El tabulador de vituperios incluye multas de hasta 200 pesos con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale más barato insultar al policía de la esquina que a un secretario de Estado y una afrenta al Congreso no cuesta dinero, pero la prisión puede ser hasta de dos años.

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Entonces, esta ley en vez de proteger la libertad de expresión y de opinión ¿atenta contra ella?, pues si se aplicará cómo tal, muchos diarios y revistas tendrían que dejar de circular, o suprimir expresiones a veces juguetonas, fotografías que llegan a ser gozosamente perturbadoras y hasta ciertos espacios ahora de moda en el Aviso de Ocasión. Si se defendiera la idea de orden público allí establecida, serían censurados muchos comentaristas que hacen de la malicia un estilo o un recurso y, desde luego, serían abrogadas las caricaturas políticas, entre muchas cosas de hoy, como el facebook o el twitter.

En conclusión, esta Ley de Imprenta ya no se aplica, así que no existe motivo para temer sus posibles consecuencias. Si es así, ¿entonces por qué es vigente? ¿No sería mejor derogarla y tener una ley más actual, congruente con el ejercicio de libertades y las necesidades de la sociedad de nuestros días?.

Contiene disposiciones riesgosas para el ejercicio de las libertades de información y opinión. La solución no es ignorar, ni olvidar a la Ley de Imprenta. Tampoco bastaría con derogarla, porque el trato entre los medios y la sociedad sigue requiriendo de una legislación pero no como la que tenemos ahora. El trabajo es para la sociedad y los periodistas para que exija a los “diputados y senadores” trabajen en la materia.

Video: Ley de imprenta

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Archivado bajo Academia, Marco Jurídico de Medios

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